LA PATRIA | Manizales

A Benjamín Castro Solarte y a su compañera los capturaron en el barrio Departamental de Cali. El operativo estuvo a cargo de personal del CTI de la Fiscalía de Chinchiná. A ambos los señalan de testaferrato. Castro Solarte, durante la audiencia realizada en Manizales, aceptó los cargos y aunque no lo enviaron a la cárcel sigue vinculado al proceso. Ella, en cambio, no aceptó ser culpable.

Según lo narrado por el fiscal, los hechos por lo que se les acusan ocurrieron el 23 de junio del 2009 en Manizales. Al parecer la pareja aprovechó la desaparición de dos manizaleños en Panamá para poner a su nombre un apartamento en el barrio Milán de la capital caldense, el cual era propiedad de Carlos Enrique Galindo Zuluaga, reportado como desaparecido. 

El abogado defensor de la pareja explicó que la mujer actuó bajo el principio de confianza, al tener una relación con el acusado, pues solo se le informó que adquirirían un bien, más no de dónde era su procedencia y por eso no se continuó con su judicialización. "Aquí más adelante un juez determinará si Benjamín queda libre de cargos o lo enviará a la cárcel", dijo. 

El caso
El 12 de septiembre del 2012 César Galindo Zuluaga, hermano de Carlos Enrique,  denunció su desaparición. Ante la Fiscalía  expresó que su hermano y un amigo, Rubén Darío Gómez Ortiz, viajaron a Panamá para terminar los ajustes del montaje de una empresa en la capital de ese país y de la cual su hermano sería el mayor accionista.

"Con mi hermano manteníamos en constante comunicación, pero perdí contacto con él desde el 23 de junio. Al día siguiente recibí una llamada a eso de las 9:30 de la mañana realizada supuestamente desde Guatemala donde me indicaban que él estaba desaparecido desde el 23 de junio y que debía comunicarme con una señora Dora Lucía Gaviria Palacios, alias La Flaca y que ella me daría detalles", dijo.

Al contactarse con ella, la mujer le indicó que su hermano estaba secuestrado y que por su liberación pedían $2 millones de dólares, pero César al informarle que no contaban con ese capital la mujer lo volvió a llamar y le comunicó que con los presuntos secuestradores negociaron reduciendo la cifra a un millón de dólares.

Ante esto César le recalca que no cuentan con esa suma, pero que quizá ese dinero estaba representado en los bienes de su hermano en los que aparecía como el titular, en unos, y en otros como socio. 
El fiscal narró que a Manizales llegó días después un sujeto con el alias del Teniente y citó a César y a otros integrantes de su familia en un establecimiento a las afueras de Chinchiná y allí les recalcó que para liberar a su hermano debían entregar todos sus bienes.

Asimismo, indicó que las llamadas y las visitas fueron más reiterativas, por lo que el miedo que les generaban estas personas hizo que César acordara con su familia entregar los bienes siempre y cuando les garantizaran la vida de ambos secuestrados.

Es así como haciendo estas diligencias se enteraron de que un inmueble de Carlos Enrique, en el barrio Milán, estaba escriturado a nombre de Benjamín y de su compañera sentimental. 
Según el testimonio de César, leído por el fiscal, ellos eran cercanos a los señores Segoviano y Eyber Guerra, quienes los presionaban para entregar los bienes y además obligaron a César a ir  hasta esa propiedad y otras más para hacer fotografías  de las cosas que tenía cada inmueble.

La Ley
Según el Artículo 326 quien preste su nombre para adquirir bienes con dineros provenientes del narcotráfico incurre en prisión de 8 a 22 años y 6 meses y una multa 66 mil a 75 mil salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Otro capturado
El pasado 23 de julio LA PATRIA publicó que por la desaparición de  Carlos Enrique Galindo Zuluaga y Rubén Darío Gómez Ortiz capturaron a un hombre en el aeropuerto José María Córdoba de Rionegro (Antioquia). Se trata de un hombre de 37 años quien ingresaba al país proveniente de Panamá. Al detenido lo señalan de ser responsable de la desaparición de dos manizaleños que viajaron en el 2009 al país vecino. Le imputaron cargos por concierto para delinquir agravado en la modalidad de extorsión y enriquecimiento ilícito.

Actualización: El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad explidió un auto del 16 de enero del 2024, mediante el cual decretó la extinción de la sanción penal por prescripción que había impuesto al señor Benjamín Castro Solarte. Esto significa que esta persona ya cumplió su pena con la justicia por los hechos de los que se ocupa esta información.