Las concesiones han contribuido enormemente al desarrollo de la malla vial del país. Un sistema que, sin lugar a dudas, debe seguir siendo apoyado. El plazo de la concesión Autopistas del Café se vence en febrero del 2027.

Odinsa, la firma concesionaria, desea continuar con la operación por otros 30 años bajo la modalidad de iniciativa privada “IP”.

Según el cronograma, en abril se deben tener los resultados de la evaluación de la propuesta.

Después de un proceso de revisión y selección, la adjudicación del contrato debería realizarse en junio del próximo año, de tal forma que las labores de empalme comenzarían en julio del 2026.

Son cuatro los departamentos que se beneficiarían del nuevo contrato. Además de los del Eje Cafetero, el Valle del Cauca participa en el tramo correspondiente a la vía El Alambrado.

La ronda informativa de Odinsa sobre el alcance de las obras está programada para este mes de febrero, pero aún no se ha convocado.

Es importante señalar que en el Quindío existen dos peajes: uno en límites con Risaralda y otro con el Valle. Los cinco peajes restantes están ubicados en Caldas o en sus límites.

Los tres peajes instalados en el triángulo de San Bernardo están generando mucha controversia, ya que se considera que limitan el crecimiento y desarrollo de Manizales.

Esto se debe a que encarecen el costo de los desplazamientos hacia Chinchiná, hacia los municipios del occidente del departamento y hacia el Km 41, que tiene un enorme potencial como centro logístico y agroindustrial.

Un sector de la comunidad está reclamando que estos peajes sean retirados y que su recaudo se reemplace con un incremento en la tarifa de los peajes instalados en Tarapacá.

Valdría la pena que el gobernador, como vocero de la región, se apersonara de esta solicitud y la tramitara ante el Gobierno nacional.

A grandes rasgos, las obras contempladas son las siguientes: en el Quindío y Valle, la variante a Calarcá y la doble calzada de El Alambrado; en Risaralda, la doble calzada entre Punto 30 y Combia, el diseño de la perimetral oriental de Dosquebradas y la posibilidad de asignarle unos recursos para la construcción de esta vía, así como para la doble calzada de la Romelia-El Pollo, que se sumarían a los que se reciben del peaje de Cerritos; y en Caldas, se solicita la terminación de las dobles calzadas entre Tarapacá II y Chinchiná (que debió haber sido construida por la concesión actual), la de San Bernardo, y la rectificación del tramo Estación Uribe-La Trinidad. Aclarando que el valor de esta última depende del alcance de los trabajos.

En términos generales, se espera que a lo largo del contrato a precios de hoy, sin tener en cuenta los peajes de San Bernardo, se recauden aproximadamente $200 mil millones anuales, lo que en 30 años equivaldría a $6 billones, de los cuales el 50% se destinaría a la construcción de las obras y el otro 50% al mantenimiento.

Cada peaje tiene un recaudo similar de $65 mil millones. Equitativamente por región, la cifra a distribuir sería de $750 mil millones.

La discusión está centrada en el costo del mejoramiento del tramo Estación Uribe-La Trinidad. La propuesta es que una parte de los recursos provenga de la IP y la otra parte de los proyectos que se construirán a lo largo de la autopista.