Los tres adultos capturados en la supuesta casa de pique de Dosquebradas fueron imputados por un juez de control de garantías, por diferentes delitos, entre ellos homicidio, secuestro simple y porte de arma de fuego. El menor de edad fue imputado por homicidio. 

Los cargos se los imputaron por la retención, tortura y homicidio de Andrés Vallejo, en una casa del barrio El Japón, después de que un testigo denunciara la situación ante la Policía. 

Según el juez, el testigo fue contactado por uno de los imputados, para que arreglara el cuerpo de un hombre muerto. A su llegada a la casa, la escena horrorizó al testigo, y valiéndose de una excusa para ir por elementos para cumplir su labor, salió de la casa y denunció la situación. 

El juez relató que el testigo, al ingresar a una habitación del tercer piso, observó a una persona amarrada a una silla. “Señaló que conocía a la víctima y la identificó de inmediato”. Según su relato, “la víctima estaba desnuda, con la boca cubierta, golpeada y llorando”, añadió.

Además, afirmó que presenció cómo los agresores le apuntaban con un arma de fuego en la cabeza y lo torturaban quemándolo con cigarrillos, señalaron en la audiencia.

“El material probatorio da cuenta que la víctima habría sido sometida a tratos inhumanos, atacada en repetidas ocasiones con armas cortopunzantes y estrangulada. Todo lo anterior sería la causa de su muerte”, señalan en un comunicado de la Fiscalía..

Los dos hombres capturados en una de las viviendas allanadas, fueron imputados por homicidio y secuestro simple, por lo que fueron enviados a prisión. Mientras que a la mujer, capturada en la segunda casa allanada, le imputaron cargos por el delito de porte de armas de fuego, y le otorgaron detención domiciliaria. 

“Por estos mismos hechos, un adolescente de 17 años de edad, fue judicializado por el delito de homicidio agravado, y afectado con medida de internamiento preventivo en centro especializado”, finaliza el comunicado.

La hipótesis que maneja el ente acusador del asesinato de Vallejo, era un aparente ajuste de cuentas, por una información que filtró la víctima. 

Según indicaron en la audiencia, hasta el momento no han encontrado evidencia suficientes para determinar que el inmueble era usado para desmembrar cuerpos, ni tampoco que los capturados, operaban para la organización criminal Cordillera o que el asesinato fue por disputas del control de tráfico de drogas sintéticas. 

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