No siempre las intervenciones a lugares en donde se practica la minería ilegal en Caldas traen consigo capturas y no es por falta de investigación, sino por las estrategias que adoptan los delincuentes para evitar que las autoridades los sorprendan en dicha actividad.

Aunque en el occidente caldense es más factible ver detenciones masivas, esto tampoco implica que la explotación ilícita deje de existir y muestra de ello son la cantidad de socavones que se aprecian, especialmente sobre la ribera del río Cauca.

Por otro lado, en el oriente del departamento, a la dificultad de ingresar a territorios alejados de las urbes se suma la reacción de los mineros ante la presencia de la fuerza pública.

En un rápido correo voz a voz, los encargados de las minas sacan su pesada maquinaria y la estacionan en fincas cercanas, y como no hay flagrancia, nada puede hacerse.

Jorge Andrés Gómez Escudero, secretario de Gobierno de Caldas, reconoce las dificultades de acceso a la región limítrofe con el suroriente de Antioquia y asegura que las estrategias se están trazando de acuerdo con la dinámica criminal, por lo que se está acudiendo al apoyo de la Fuerza Aérea y de la capacidad fluvial.

Sumado a esto, indica, se llevó a cabo una primera reunión con representantes del Ministerio de Defensa, con el objetivo de crear un grupo especial contra la minería ilegal que pueda llegar a estos alejados sitios.

De acuerdo con Corpocaldas, en los 27 municipios de Caldas se han denunciado actividades de minería ilegal en los últimos 15 años. Actualmente, no todos presentan dicho problema.

Dos zonas, las más golpeadas

La socióloga Adriana Cutiva Suárez, coordinadora del Grupo de Licencias Ambientales de Corpocaldas, sostiene que son dos zonas en las que más se practica la minería ilegal, pero eso no quiere decir que el resto del departamento esté exento. De hecho, se ha presentado por lo menos un fenómeno en cada municipio en los últimos 15 años.

"Por un lado tenemos toda la zona del occidente y centrosur, en municipios que limitan con el río Cauca, por ejemplo Riosucio, Supía, Filadelfia, La Merced, Pácora, Marmato, Neira, Belalcázar, y Anserma, entre otros, que tienen una presencia importante de personas que extraen oro. Se desarrolla sobre las terrazas del río Cauca bajo el método de cúbicos", indica.

Estos consisten en excavaciones hechas sobre las márgenes del afluente con profundidades que pueden alcanzar hasta 35 metros y cruzan por debajo. Se desarrolla especialmente en tiempo seco.

Cutiva Suárez asegura que las principales afectaciones ambientales se presentan sobre la faja forestal protectora y en ocasiones pueden registrarse alteraciones a la dinámica fluvial, sin dejar de lado los efectos nocivos de los vertimientos. En este caso específico, puede tener implicaciones sobre la infraestructura vial.

"En el caso del oriente también tenemos una explotación de oro sobre todo en las fuentes hídricas que se desprenden de la Subcuenca Hidrográfica del Samaná sur, entre Norcasia y Samaná, lo cual genera unos impactos importantes sobre el recurso hídrico al ser de oro aluvial", añade la experta.

En este sector, además de los métodos de extracción, también se estaría generando una grave afectación por vertimientos y por la tala ilegal, afectando tanto la flora como la fauna, incluida la acuática.

Adriana Cutiva Suárez manifiesta que frente a la minería establecida dentro de un marco legal, bajo unos términos ordinarios, es más fácil efectuar un rastreo y exigir el cumplimiento de unas obligaciones tanto mineras como ambientales, y ante el incumplimiento imponer sanciones.

La ilegal, bajo unas condiciones extraordinarias se convierte en un reto complejo y por eso considera necesaria la intervención de las alcaldías como primeras autoridades, con la coordinación con otras entidades como la Policía, el Ejército o la Fiscalía.

Por otro lado, los entes como Corpocaldas se encargan de identificar y evaluar las afectaciones ambientales, adelantar un proceso sancionatorio y a su vez, desencadenar en la responsabilidad penal, y para eso es necesario identificar al infractor.

Añade que bajo dichas condiciones, una de las principales dificultades es ese relacionamiento interinstitucional, porque requiere poner de acuerdo a distintas entidades y hacer un acompañamiento efectivo.

En el 2024, Corpocaldas acompañó 14 operativos y recibió 23 denuncias, por lo que algunas siguen en estudio. Las estructuras financieras ilegales que aportan para montar todos los aparatos y adquirir los insumos avanzan a una velocidad diferente y de ahí, según Cutiva Suárez, de actuar con esa misma rapidez desde la unión.

Jorge Andrés Gómez Escudero sostiene que se están diseñando estrategias, se está trabajando con mayor sinergia con Corpocaldas, se sabe que la minería ilegal en Caldas está acabando con el ecosistema y sostiene que detrás de esta actividad hay grupos armados ilegales que delinquen desde departamentos vecinos.

"Efectivamente pueden ver esa fuente de ingresos ilícita en nuestro departamento y eso abriría la posibilidad para que hagan presencia acá. Se tiene una estrategia de contención con el Ejército en esa zona limítrofe con Antioquia. Hacemos operativos permanentes para destruir, capturar, judicializar y empezar a blindar a Caldas en el nororiente", añade el secretario de Gobierno de Caldas.

Para el occidente, la otra zona con prioridad, sostiene que es una explotación que se hace a ojos de todos, con un riesgo mayor para los ciudadanos que ingresan a los cúbicos. Dice que mientras unos financian, son los mineros quienes ponen el pecho.

La amenaza contaminante del mercurio

En diciembre pasado, la Procuraduría General de la Nación emitió un comunicado en el que indicaba que los departamentos más afectados por la minería ilegal son Antioquia, Bolívar, Chocó, Santander, Caldas, Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Boyacá, Amazonas, Putumayo y Guainía.

Advirtió además sobre el riesgo que corre Colombia ante la comprobada presencia de mercurio, plomo y arsénico en diversos estudios a nivel nacional, pero ¿está Caldas en esa situación?

"En los últimos años, la Corporación no había tenido la alarma porque en diferentes intervenciones no detectamos presencia de Mercurio, sin embargo, a raíz de la circular de la Procuraduría, se inició una serie de campañas de monitoreo, que además de otros contaminantes, sí hay una baja presencia o unos bajos niveles de mercurio en puntos muy específicos", responde Cutiva Suárez.

Esto, añade, impacta también sobre los ecosistemas acuáticos, además por la pérdida de biodiversidad provocada por la remoción de la cobertura vegetal y la alteración al cauce del río y la faja forestal protectora.

"Es muy importante poder contribuir en procesos en los que se pueda intervenir el recurso hídrico, con otras acciones desde la planificación ambiental del territorio con las alcaldías desde los procesos de educación ambiental y de gobernanza ambiental, y con las comunidades poder combatir desde diferentes frentes", dice.

Impactos, más allá de una zona

María Claudia Campos, exdocente de la Universidad Javeriana de Bogotá y consultora en salud ambiental, riego agrícola y contaminación del agua, llevó a cabo un trabajo investigativo en la comunidad Monterrey, en el sur de Bolívar, en donde se evaluaron los daños al medioambiente y a la salud humana.

"El uso del mercurio produce acumulaciones en el medioambiente e implica que se acumule en la cadena trópica y en los peces que consume la población, pero también el contacto directo puede acumularse en los tejidos y producir diferentes síntomas como dolor de cabeza y empiezan a tener comportamientos agresivos", asegura.

A eso se suma que quienes llegan a explotar minerales de manera ilícita no cuentan con sistemas de saneamiento y generan una contaminación de origen fecal. En el estudio se halló una alta presencia de bacterias, parásitos y virus, tanto en peces como en la población, con concentraciones altas que superan la normativa nacional.

Además, Campos indica que esto no solo afecta a una comunidad local, sino que los ríos terminan arrastrando sedimentos aguas abajo y el efecto se ha apreciado en los ríos Cauca y Magdalena, con pescados que luego se llevan a grandes ciudades.

"El efecto puede ser a kilómetros de distancia, porque es el agua la que arrastra esa contaminacion. La de origen fecal, por ejemplo, puede que no afecte a la población cercana, pero aguas abajo puede pasar", añade.

Otro problema suma y es que ante intensas lluvias, el caudal de los ríos aumenta y se mezclan los sedimentos que quedan en la parte baja. Cuando se toman muestras, estas son superficiales y no se detectan los metales pesados, pero luego llevan inviernos fuertes que terminan moviéndolos.

En concordancia con Cutiva Suárez, la analista indica que siendo la minería ilegal algo sin control, poco interesa a sus promotores contar con sistemas de tratamiento. Frente al manejo de aguas residuales domésticas, dice que los sistemas de saneamiento no están funcionando, sobre todo en poblaciones aisladas, y no hay cómo hacer cumplir la normativa.

Luis Alfonso Botero Gómez, profesional especializado de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental de Corpocaldas, indica que en el occidente caldense las afectaciones se presentan especialmente sobre las fajas forestales protectoras del Cauca que están en procesos de regeneración y conformación de bosque.

En el nororiente se trata de bosques riparios y nativos, con un ecosistema diferente y de vegetación más prominente. En recientes operativos, las imágenes dan muestra de los impactos ambientales severos sobre los recursos naturales, especialmente en la vereda Quiebra de Roque, en Norcasia.

Sobre la mortalidad de peces, Botero Gómez sostiene que no se ha podido verificar dicha situación. A eso se suma que los cuerpos de agua siguen fluyendo y arrastran con esa posible evidencia.

Presencia de estructuras ilegales

Carolina López Giraldo, directora del Centro de estudios sobre conflicto, violencia y convivencia social (Cedat) de la Universidad de Caldas, tajantemente afirma que no es que las estructuras criminales vayan a llegar a los municipios caldenses, sino que ya están presentes.

"El caso del Oriente de Caldas es un problema bastante grave y complejo, ya que la minería ilegal históricamente ha sido la principal fuente de financiación de grupos ilegales. Es una economía circular, porque el dinero que ingresa se reinvierte en maquinaria, control territorial y social para seguir usufructuando", sostiene.

Y aunque en el Oriente hay una alarma seria, dice que las denuncias en el Occidente también son preocupantes. Considera que el Clan de Oriente es prácticamente el cambio de nombre de las Auc del Magdalena Medio, y la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana desde el 2020.

Asegura que el Clan del Golfo sigue migrando hacia el suroriente con el objetivo de establecerse en la frontera entre Antioquia y Caldas, un corredor estratégico desde finales de los 80, y la alerta roja no solo es por cuenta de la minería ilegal, sino también por la aparición de cultivos ilícitos.

"En su momento lo alertó la Comisión de La Verdad y ahora es una realidad. En un operativo policial le quitan la vida a Oliverio, hijo de Ramón Isaza. Es una noticia que nos pone en alerta porque fue en ese mismo corredor", dice Carolina López.

Sobre cómo evitar que el minero artesanal caiga en la garras de la ilegalidad, la académica deduce que es un trabajo complicado. Si bien no se puede satanizar su labor, las estructuras están ejerciendo mayor presión y tomando el control social a través del miedo acumulado del conflicto reciente.

"En Caldas vienen en ascenso esos homicidios selectivos, demuestran que hay una disputa entre estructuras armadas, quieren tomar el control de esas economías. Es preocupante", sentencia la directora del Cedat.

Jorge Andrés Gómez Escudero asegura que el minero tradicional es el eslabón más débil, pues esta actividad requiere del auspicio de personas con buen capital y quien expone su vida es el pequeño minero que en un día de trabajo puede recoger más que en cualquier otra actividad como la recolección de café.

Sin embargo, terminan gastándose el dinero en licor o prostitución, y otras actividades, y pese a las campañas, ha sido difícil sacarlos de esa cultura.

El secretario niega que grandes estructuras armadas ilegales estén presentes en Caldas, aunque otras versiones y operativos lo contradicen. Ahora, para hacer frente a la minería que se carcome la naturaleza en Caldas, falta que esa articulación de la que hablan las autoridades, sea efectiva y contundente.

Aumento de la contaminación atmosférica

María Claudia Campos sostiene que la remoción de la capa vegetal trae consigo el arrastre de suelos que provocan la acumulación de nitrógeno y fósforo, el posterior crecimiento de algas y afectación de la calidad del agua y de los árboles implicados en el ciclo de carbono, lo que progresivamente provoca el aumento de la contaminación atmosférica.

Añade que existen estudios sobre los efectos de la minería ilegal en la salud humana y se efectúan estudios con animales primarios, pero faltan muchos más sobre la fauna, lo que denota un claro antropocentrismo.

Las prioridades en seguridad para Caldas

De acuerdo con Gómez Escudero, cuatro delitos tienen prioridad este año: la minería ilegal, el tráfico de estupefacientes, el homicidio y la extorsión.

Sistemas de riego y efectos contaminantes sobre alimentos

A largo plazo se prevé que los alimentos y suelos sometidos a los sistemas de riego se vean afectados por sustancias nocivas, producto de la minería ilegal. Se convertirá en una bola de nieve, así en los lugares donde se consuman, no exista esta actividad ilícita.

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