La minería ilegal es un problema ambiental de mayores proporciones. Las afectaciones que causan a los lechos de los ríos, a la fauna y a la flora suele solucionarse con el paso del tiempo. 

Así lo demuestra la más reciente operación que hicieron en compañía las corporaciones regionales de Caldas y Risaralda (Carder y Corpocaldas), junto a diferentes grupos de la policía, en donde encontraron que en el río Opiramá, en el corregimiento de Irra, Quinchía, el cuerpo de agua tenía graves afectaciones.

La operación se denominó Poseidón, en la vereda Chuscal Bajo, en el corregimiento mencionado. Mientras hacían un recorrido por la zona, se encontraron afectaciones a los recursos naturales en el suelo, recurso hídrico, fauna y flora, en su mayoría ocasionados por la actividad minera. 

“Ocasionados por la actividad minera constituyente en extracción mecánica, la cual generó cambios en la dinámica fluvial del Río Opiramá con el desvío de un tramo de su cauce”, afirman en un comunicado desde la Carder.

Además del desvío del cauce del río, encontraron jarillones laterales construidos para manejar el flujo de la corriente hídrica, lo que representaba una posible amenaza de corrientes súbitas en temporadas de lluvia. 

“Se evidenció la construcción de jarillones laterales para el manejo de la corriente hídrica, lo cual altera la morfometría fluvial del cauce y amenaza con un posible represamiento de agua, el cual puede presentar un aumento súbito del caudal asociado a un periodo de fuertes lluvias”.

En el recorrido del operativo también identificaron la construcción de barreras en el cauce, que eran utilizadas para procesos de aprovechamiento de lavado y separación de material mediante zaranda de tamiz grueso a fino. 

“Así como, lagunas artificiales producto de  la extracción para posterior lavado de dicho material”, continúan enunciando desde la corporación.

Otro de los hallazgos encontrados dentro del área utilizada para la minería fueron profundidades usadas para aprovechamiento aurífero que alteran el medio físico, que podían convertirse en una “amenaza con inicio de procesos de inestabilidad geológica por cizallamiento de esta área afectada”.

En el operativo se capturaron a 10 personas, 10 motores incapacitados, 2 retroexcavadoras sin servicio, se dañaron motobombas y motores de vehículos para extraer agua de los cúbicos y lavado de material, además, se identificaron 4 piscinas donde se podía inferir que tenían mercurio y metales pesados que afectan la vida de los ecosistemas  y la vida humana. 

Así mismo, se  comprobó que la máquina amarilla tipo retroexcavadora encontrada en el operativo, era utilizada en los procesos de modificación de cauce, extracción de materiales y cargue de equipos para el aprovechamiento de aurífero, la cual fue destruida por la Fiscalía General de la Nación con el apoyo del CTI.

En el desarrollo de la labor por parte de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, al momento de solicitar los permisos de carácter ambiental, licencia ambiental y/o otorgamiento de ocupación de cauce, el operador de minería en campo, manifestó no poseerlos para el desarrollo de las actividades halladas en el lugar (ocupación de cauce e intervención a la zona forestal protectora).

Por último, el director de la Cader, Julio César Gómez Salazar manifestó que uno de los objetivos del operativo es devolverle al río Cauca, los derechos que le pertenecen al ser declarado patrimonio de la humanidad.  

“Tanto en la Operación Redención como en la Operación Poseidón, buscamos de manera articulada e institucional deslegalizar todas las actividades mineras que comprometan los biomas y los ecosistemas hídricos del departamento”.

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