El gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez, y su secretario de Gobierno, Jorge Andrés Gómez Escudero, deben poner sus ojos para evitar que el municipio de La Dorada siga en la senda del aumento de los homicidios; pero quien debe hacer su mayor esfuerzo para reducirlos es el alcalde, Freddy Saldaña, con su equipo de colaboradores y de la mano de la Policía de esa zona del departamento. En los primeros 40 días de este año -hasta el domingo 9 de febrero- ya eran 6 personas las que habían perdido la vida como consecuencia de este delito de alto impacto, que si se compara con los 21 en total que hubo en el 2024, según registros de la Policía Caldas, se concluye que de mantenerse esta estadística el puerto caldense podría terminar el año superando todo promedio.
Pero también el Gobierno nacional debe entender que tener una Fuerza Pública reducida en número de hombres es lo que está contribuyendo a que el delito haga de las suyas tranquilamente, en esta zona del Magdalena Caldense y en muchas otras de Colombia. Por algo el clamor que elevó el alcalde Saldaña al presidente, Gustavo Petro, y al ya exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, pidiéndoles apoyo: “La Dorada vive una crisis de seguridad y la presencia de la fuerza pública es insuficiente, los recursos son limitados. ¡Necesitamos salvar vidas! Estamos en peligro”.
Debería ser un objetivo de la Gobernación de Caldas ayudar en la interlocución a los alcaldes con el Gobierno Petro, porque otros municipios tienen la misma insuficiencia en efectivos, teniendo en cuenta además que la mayoría de los homicidios están fuertemente relacionados con disputas territoriales entre bandas para mantener el negocio del microtráfico, como también lo viene registrando Palestina en su corregimiento de Arauca, o Chinchiná, Supía y Neira que concluyeron el 2024 como los que más reportaron homicidios; todo lo contrario a las estadísticas nacionales. Mientras en todo Colombia este delito bajó un 1,6%; en 25 municipios de Caldas aumentaron el 19%. Ahí ya hay una preocupante alerta con los primeros registros de este 2025.
El caso de La Dorada es complejo porque tiene asignados 139 policías, de los cuales 80 son patrulleros y auxiliares; los 59 restantes tienen funciones de oficiales y mandos ejecutivos, y hay que agregar que existen 35 unidades asignadas a operativos del Gaula, Infancia-Turismo, Sijín, Sipol y Carabineros haciendo más reducida la presencia de agentes en las calles para hacer patrullajes constantes y desarrollar una labor de inteligencia que permita consolidar exactamente qué es lo que está ocurriendo en los territorios. Nunca serán suficientes unos pocos operativos, ahí se le está dando más oportunidades al delito.

Autoridades municipales y departamentales también deben aclarar los señalamientos que se le están haciendo a la Alcaldía de La Dorada, en cuanto a que por concepto de obras civiles ejecutadas le ingresaron 476 millones 404 mil pesos, según la Ley 1106, que se deben ejecutar en seguridad y al parecer no lo han hecho. Lo que dice la Administración es que recibieron la Alcaldía, del anterior Gobierno municipal, con un déficit alto y que están pagando deudas. Sin embargo, la falta de inversiones no debe ser el único motivo del aumento de los homicidios, hay que llegar hasta las causas reales y erradicarlas, por la tranquilidad de los doradenses.